SÍ, MARRAKECH ES LA VENTANA

 

Pero… ¿qué pasa con las puertas?

 

El 30 de septiembre próximo entra en vigencia a nivel internacional el tratado de Marrakech, y tiene por objeto que las personas ciegas, de baja visión y con otras dificultades para acceder al texto impreso se nos garantice el derecho a la lectura. Este tratado fue iniciado por personas ciegas, que tuvieron una participación excepcional en la conferencia diplomática en la Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) en 2013, emprendiendo la campaña “derecho a leer” que cada organización de base, tomó suya para que hoy 20 Estados lo ratificaran, y a su entrada en vigencia sin duda alguna cambiará la vida de las personas con discapacidad de todo el mundo.    

 

Un dato interesante, es conocer que de los 20 países que forman hasta hoy parte de Marrakech, diez son latinoamericanos, y ello solo demuestra la importancia que tiene para esta región acceder a la lectura en textos accesibles, considerando que del total de la literatura, únicamente el 2% está disponible en formatos adaptados para que una persona con discapacidad pueda leerlos.

De los diez países latinoamericanos, dos son centroamericanos, Guatemala y El salvador, y precisamos referirnos al caso que más nos interesa.

 

Guatemala infiere la existencia de dos millones de personas con discapacidad, dato que se estima tras el estudio realizado por la Organización mundial de la salud en 2011. No obstante, la Encuesta nacional en discapacidad (ENDIS) de 2005 refiere que existen ciento diez mil personas ciegas, notorio es que no existen datos sobre personas con baja visión, y acá encontramos nuestro primer desafío, considerando, que los formatos accesibles de un documento varían según la condición de discapacidad.

  

Marrakech es un tratado de derechos humanos con enfoque comercial, que nos abre la ventana hacia la accesibilidad en la lectura, sustentando de esta manera lo dispuesto en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) en los artículos 9, el derecho a la accesibilidad; 21, derecho a la información y 30, derecho a la vida cultural; además, nos permite el aterrizaje del objetivo cuatro “educación inclusiva” de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

 

Digamos pues, que la comunidad internacional nos está dando instrumentos, empero, es necesario volcarlo al plano nacional, haciendo hincapié en nuestra realidad, considerando que la ENDIS nos dicta que el 50.3% de las personas con discapacidad son analfabetas, y que únicamente el 10% acceden a la educación primaria. Cabe hacer mención, que no sabemos si son hombres o  mujeres, a que grupo étnico pertenecen, y por tanto, acá enfrentamos un desafío más. 

 

Pareciera que los datos de la ENDIS son trillados, porque hacemos siempre hincapié en ellos, y escasas veces hablamos de como minimizarlos, además debemos reparar en  que no hemos tomado en cuenta la desagregación de datos por género y etnicidad, y que ello, nos hace coparticipes de la invisibilización de dos problemáticas latentes, pues, es notoria la exclusión de las personas con discapacidad en general, y esta se agudiza en las niñas y mujeres con discapacidad, sin dejar de lado la grave situación de las niñas y mujeres que también pertenecen a comunidades indígenas, y entonces, encontramos nuestro tercer desafío. Este es un desafío que se debe tener bajo la lupa, porque Guatemala registra una población indígena del 41% en relación a su población en general, y precisamos saber cuánta de esta población vive en condición de discapacidad, además, no podemos seguir mostrando resistencia al abordaje de esta situación, porque desde la comunidad internacional se ha ubicado como prioritaria la situación de las personas indígenas con discapacidad,  discusión realizada en la reciente reunión del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas (EMRIP) y que en el examen que se le realizará a Guatemala en relación al cumplimiento de la CDPD se hace notoria referencia sobre los programas direccionados hacia las personas indígenas con discapacidad, focalizando la situación de las niñas y mujeres, y para los guatemaltecos que vivimos en condición de discapacidad, esto es una oportunidad, porque se ubica a nivel nacional  la situación interseccional de dos comunidades marginadas históricamente.

 

Entonces… nos toca entender, que los instrumentos internacionales como la CDPD, los ODS y el tratado de Marrakech entre otros, hay que interrelacionarlos, porque son complementarios, y hoy representan nuestras ventanas, y la apertura de las puertas de la inclusión, depende del Estado guatemalteco y la estricta vigilancia de las personas con discapacidad y las organizaciones que nos representan, considerando que:

 

La meta 19 del ODS 17 establece la importancia de contar con indicadores, y el Estado de Guatemala se ha comprometido a cumplir con esta meta para 2030, y desde ya, las personas con discapacidad y las organizaciones que nos representan, debemos actuar en el cumplimiento de ello, exigiendo que las dependencias públicas (incluyendo nuestra institucionalidad) segregue datos por condición de discapacidad, género y grupos indígenas, y de tal cuenta, se enfoquen programas específicos que coadyuven a que las personas con discapacidad no nos quedemos atrás, atrás de ningún programa, ninguna acción y  que no nos quedemos atrás en  ninguna política ni ningún presupuesto.

 

De ahora en adelante, no podemos desconectar ninguno de nuestros instrumentos internacionales, porque para hacer de Marrakech una realidad tangible para las personas con discapacidad de Guatemala, es necesario pensar en las distintas condiciones y situaciones de nuestro colectivo, y tener presente los instrumentos internacionales para armonizar nuestra legislación, que concretamente para el acceso a la lectura, se ocupa la reforma de la ley de derechos de autor y derechos conexos, además de establecer alianzas entre la única institución no gubernamental que reproduce material accesible como lo es el Comité pro ciegos y sordos con  las editoriales nacionales,  teniendo presente, que Estado y organizaciones de personas con discapacidad son coalición perfecta para garantizar el cumplimiento de  los derechos de las personas con discapacidad ya negociados en la comunidad internacional.

 

Con Marrakech alcanzamos el cumplimiento de los derechos establecidos en la CDPD que ya hemos citado, asimismo, nos permite conectar con la agenda 2030 y los ODS y como producto de esta interrelación acceder al derecho a la lectura y con ello, minimizar los datos de analfabetismo, la poca inclusión educativa a nivel de educación primaria que es importante, como tan importante es poder acceder a la lectura por nuestro derecho a la cultura.